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Audiencia Pública: Plataformas A y B y Centros Comerciales

publicado a la‎(s)‎ 30 nov. 2014 9:12 por Admin Comuna 10   [ actualizado el 30 nov. 2014 9:29 ]

El pasado 16 de junio, un día después de realizadas las elecciones para presidente de Colombia, desde las 4 de la madrugada, se realizó un operativo entre el CTI, la Sijin, Derechos Humanos, Secretaría de Gobierno, Inclusión Social y Familia, Subsecretaría de Espacio Público y el Ejército Nacional, para sellar los locales del Centro Comercial Bazar de los Puentes, plataformas A y B. El cierre, se dijo al principio, obedeció a un informe de que en estas dos plataformas había una distribución de alucinógenos, con un índice muy alto y que había personas vendiendo teléfonos celulares robados. Aunque es cierto que esto sucedía, fueron muchas las familias afectadas por este desalojo, del cuál los venteros se consideran víctimas del Estado.

Tras esta decisión, fueron 403 las familias afectadas por el desalojo de las Plataformas, llevando a los comerciantes a ocupar, bajo condiciones precarias, otros espacios de la ciudad. La Calle Bolívar debajo del viaducto del Metro, exactamente entre la estación Prado y Parque Berrío se ha vuelto el “puesto de trabajo” para los cientos de vendedores afligidos, a quienes les toca compartir el espacio con habitantes de calle, prostitutas y delincuentes. 

A la audiencia pública convocada por Asocomunal y la Junta de Administración Local de la Comuna 10, se hicieron presentes algunos funcionarios públicos, sin embargo, no asistió ni el Alcalde, ni el Vicealcalde, ni la Secretaria de Espacio Público, hecho que desanimó a los vendedores que asistieron. Pese a esto, el Secretario de Gobierno, Wilson  López, estuvo a cargo de dar respuesta, por parte de la Administración Municipal acerca del futuro que les espera a los vendedores afectados por la decisión del desalojo de las Plataformas A y B del Centro Comercial  Los Puentes.

En primera instancia, el Secretario explicó que el desalojo, se realizó de forma legar, de acuerdo al Artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, que dice: los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por lo que se entiende que al ser un bien público no le pertenece a ninguna persona particular, es decir, le pertenece al Municipio quien maneja los bienes públicos. Por otro lado, el Artículo 82, explica que, en los bienes públicos prima el interés general sobre el particular, refiriéndose a que la venta de estupefacientes y de celulares robados afecta a la población en general.

Aunque fueron 403 las familias que se quedaron sin su puesto de trabajo, la Administración dice, que sólo 83 de esas estaban autorizadas para estar en los locales, por eso, el restablecimiento de un local de ventas sólo se hará para 60 personas hasta ahora. Para el resto de los vendedores se está llevando a cabo un procedimiento legal, pues los venteros explican que ellos sí tenían autorización para estar en los locales. En cuanto al tema de seguridad, el Subsecretario de Seguridad de Medellín, José Jair Jiménez, les sugirió a la comunidad que denuncien estos hechos, tanto de venta de drogas como de extorción, sin embargo, reconoció que varios de los Policías colaboran con los grupos al margen de la ley, en lo que se pide denuncien si conocen de estos temas para acabar con la corrupción en la ciudad.  

Fotos y texto por María Clara Alzate Arango  /  Compartir por Facebook y Twitter