El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, dice: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Durante la Audiencia Pública de las Plataformas A, B y Centros Comerciales Populares, realizada el martes 25 de noviembre en el antiguo Club Medellín (Club CENSA), se escucharon palabras de descontento, tanto de los comerciantes como de representantes de organizaciones. Los ediles de la JAL de la Comuna 10, hicieron el evento y la convocatoria donde fueron una voz de apoyo para quienes hoy están más afectados por la situación. “Estas personas (refiriéndose a las que estaban presentes en el recinto) se sienten desplazadas, porque fueron condenados antes que ser juzgados. Fueron condenados a ser delincuentes, sin que se les demostrara nada. Hay imprecisiones en el procedimiento, por eso nosotros como Junta Administradora Local citamos esta audiencia”, fueron las palabras de Edison Alexander Palacio, vicepresidente de la JAL de la Comuna 10.

Siendo las 12:30 del día, los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, se ausentaron del auditorio por otros compromisos. No esperaron a que se presentaran las conclusiones de los representantes de los vendedores de las Plataformas, por lo que quedó un sabor de indiferencia y desconsuelo. Pese a esto, el Secretario de  Gobierno, Wilson López propuso conformar una mesa de trabajo, en donde 5 ó 6 personas se sienten a buscarle solución a esta situación, sobre todo en el tema de empleo, pues ya hace seis meses que los comerciantes están sin un lugar digno donde ejercer si labor.

Alejandra Arenas, una de las comerciantes que expuso su punto de vista, opinó frente a los funcionarios de la Alcaldía, en cuanto al trato de Espacio Público con ellos: “Es imposible que dejemos de reclamar que Espacio Público nos deje en paz, porque sólo nos dan garrote ¿Y dónde está el acompañamiento y el respaldo de la Administración? No ha habido un trabajo con las organizaciones sociales de los comerciantes informales, la ley se hizo para igualarnos en derecho, es necesario que nos acordemos que todos somos seres humanos. 200 ó 250 personas que se encuentran debajo del viaducto del Metro, no merecen estar al sol y al agua”.

La JAL propuso acoger la propuesta del Secretario de Gobierno de realizar una mesa de trabajo, debido a que por las vías legales el procesos puede durar años, y la solución debe ser inmediata pues son 403 familias afectadas que diariamente deben buscar, en condiciones precarias, el pan de cada día.

Texto: María Clara Alzate Arango, fotos: Carlos E. López C.   |   Compartir por Facebook y Twitter